El Economista: El congreso insta al gobierno a mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo

SERVIMEDIA – La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobó hoy una proposición no de ley que persigue mejorar el régimen de funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo en España para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad.

El texto, presentado por Ciudadanos, incorporó varias enmiendas de los grupos y salió adelante con 28 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones. En la defensa de la proposición no de ley, el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo recordó que el objetivo principal de estos centros es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo «productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite a través del ajuste personal y social el transito al mercado ordinario de trabajo».

Actualmente existen más de 2.000 Centros Especiales de Empleo en España que emplean a más de 70.000 trabajadores con discapacidad. «Son por tanto instrumentos imprescindibles para la creación de empleo en España y a su vez, para garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad», aseveró.

Sin embargo, alertó de que la labor desarrollada a la hora de promover la integración social de las personas con discapacidad se ve «lastrada» por diversos problemas, como la crisis económica que hizo que las subvenciones salariales se retrasaran e incluso se denegaran en ciertas comunidades autónomas.

En este punto, indicaron que, pese a la mejora de la situación económica, muchos Centros Especiales de Empleo, «continúan arrastrando deuda y teniendo problemas financieros». «Es cierto que existe una subvención para sanear financieramente a los Centros Especiales de Empleo, pero muchos encuentran dificultades para acceder a ella, y además, se concede exclusivamente por una sola vez, y no es de lejos suficiente para solventar los retrasos y suspensiones de financiación», aseveró. En opinión de Del Campo, esto está ocasionando una pérdida de garantías del trabajador con discapacidad en su estabilidad laboral en los Centros Especiales de Empleo.

REGISTRO OFICIAL

Según el texto, se «impulsará» el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en particular, de las relativas al mantenimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o su cumplimiento a través de las Medidas Alternativas o Sustitutorias.

El objetivo será además potenciar la formación de las personas con discapacidad, promoviendo ofertas de formación oficial desde las administraciones y los servicios públicos de empleo, así como promover la creación de clústeres innovadores o viveros de Centros Especiales de Empleo relacionados con actividades de alto valor añadido.

La proposición pretende fomentar el trabajo conjunto y colaborativo entre centros ocupacionales y Centros Especiales de Empleo para generar nuevas oportunidades en el sector.

Desde el PSOE, Rocío de Frutos defendió la necesidad de apelar a la Responsabilidad Social de las empresas y que «no sea tan fácil acceder a las medidas complementarias».

De Frutos apoyó la creación de un registro de las empresas que cumplen la cuota de reserva y las medidas alternativas.

Por parte del Partido Popular, Ignacio Tremiño se felicitó por el hecho de que en los últimos años se ha creado más empleo para personas con discapacidad que nunca. Así, reveló que desde el año 2012 el empleo en los Centros Especiales ha crecido un 17% y «nunca habían crecido en ese porcentaje» y esto «no es un mérito del Gobierno, es de las empresas y las asociaciones».

«Queda mucho por hacer», aseveró Tremiño, si bien apuntó que el PP cree y defiende este modelo empresarial porque ha demostrado ser «un modelo competitivo, que genera empleo» para personas con discapacidad.

Más de un millón cien mil discapacitados están fuera del sistema productivo de nuestro país

SOLIDARIDAD DIGITAL – Según datos de Odismet Cristina Silván/Enrique Quifez / Madrid- 25/01/2017

El discurso de la relación con el empleo de las personas con discapacidad suele orbitar en torno a indicadores de uso frecuente tales como tasas de actividad, contrataciones, comparativas con la población general… Sin embargo, el volumen más significativo entre el colectivo lo conforman las personas con discapacidad en situación de inactividad laboral, dato que carece de un acercamiento detallado y exhaustivo.

Según los últimos datos de «El empleo de las personas con discapacidad», recopilados en Odismet, el 66% del colectivo se ubica en dicha situación, lo que significa que más de un millón cien mil personas se posicionan fuera del sistema productivo de nuestro país.

Las características sociodemográficas que definen al colectivo se resumen en hombres (57,2%), franja de edad entre 45 a 64 años (74,4%), residentes de grandes zonas urbanas (46%), con discapacidad principalmente física (37%) y con un grado de discapacidad entre el 65 y el 74%.

La reactivación de este segmento hacia el mercado laboral reportaría beneficios en dos dimensiones. Inicialmente, desde una perspectiva individual el empleo contribuye a la realización personal, la independencia y mejora de la autoestima. Desde un prisma social, supondría el incremento del nuestro tejido productivo.

Entre las situaciones de esa inactividad el porcentaje mayor recae entre las personas en situación de incapacidad (el 61%), seguido de quienes realizan labores del hogar (8%), estudiantes, jubilados y personas en «otras situación de inactividad».

Las explicaciones sobre la inactividad entre las personas con discapacidad se centran en «el riesgo de perder la pensión correspondiente» como obstáculo para la activación laboral. No obstante, es preciso indicar que hasta un 15% (más de 100.000 personas) en situación de incapacidad no recibe ningún tipo de prestación. Dicho porcentaje se eleva hasta el 19% si computamos al total de personas inactivas. Y, aún más, el 1% de los hogares con personas con discapacidad (más de 15.000) no reciben ningún ingreso.

En consecuencia, existe una parte de esa desmovilización no atribuible a la influencia de las pensiones, quizás influida por otros factores, tales como las condiciones laborales. En un escenario en el que la precarización del empleo es un hecho, resulta factible optar por no participar de los procesos productivos y de empleo. Así, es preciso apostar por nuevas estrategias encaminadas hacia la estabilidad y calidad laboral.

Por otro lado, también resulta necesario atender al propio colectivo. Entre las personas con discapacidad inactivas, encontramos un 8,2% de personas carentes de formación (frente al 1% de personas sin discapacidad en la misma situación). Obviamente, dicha circunstancia merma sus niveles de empleabilidad, por lo que se sugieren tareas de concienciación y motivación hacia la actividad laboral.

PSOE pide revisar cuota de reserva para personas con discapacidad en empresas

LA VANGUARDIA. Madrid, feb (EFE).- La diputada socialista Rocío de Frutos ha registrado hoy una proposición no de ley en el Congreso para impulsar la contratación de las personas con discapacidad, mediante el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo y las medidas alternativas.

La iniciativa socialista reclama al Gobierno que, en coordinación con las comunidades autónomas, en el marco del diálogo social y contando con el movimiento asociativo del sector de la discapacidad, impulse la revisión de los parámetros de la cuota de reserva para las personas con discapacidad, que actualmente es de un 2 por ciento y para las empresas con un mínimo de cincuenta trabajadores.

En el texto, el PSOE pide que se refuercen las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, y que se endurezcan las condiciones para poder acogerse a medidas alternativas, según una nota del grupo.

Además, señala, es necesario establecer mecanismos que fomenten de forma real y efectiva el acceso de este colectivo al mercado de trabajo, y que fomenten la sensibilización y el conocimiento de la ley por parte de los empresarios, con la participación de los representantes legales de los trabajadores.

La iniciativa socialista exige la recuperación de las líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad, a favor de las mujeres con discapacidad y aquellos casos con más baja empleabilidad.

2

El PSOE también sugiere el impulso a la contratación de trabajadores con discapacidad o el desarrollo reglamentario de la Ley de Régimen Jurídico, para impedir a las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta materia contratar con la administración, así como diseñar fórmulas de excelencia empresarial para las empresas que realizan acciones en este ámbito que supongan un compromiso con las personas con discapacidad.

De Frutos ha recordado que tanto la Constitución como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recogen que las personas con discapacidad «tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible».

A pesar de ello, ha recordado, «sus circunstancias como colectivo con especiales dificultades para acceder al empleo, hacen necesaria la adopción de una serie de mecanismos que faciliten su incorporación al mercado de trabajo y que aseguren, a través de nuestra normativa, la promoción de su contratación en el sector público y privado». EFE