El Economista: El congreso insta al gobierno a mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo

SERVIMEDIA – La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobó hoy una proposición no de ley que persigue mejorar el régimen de funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo en España para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad.

El texto, presentado por Ciudadanos, incorporó varias enmiendas de los grupos y salió adelante con 28 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones. En la defensa de la proposición no de ley, el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo recordó que el objetivo principal de estos centros es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo «productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite a través del ajuste personal y social el transito al mercado ordinario de trabajo».

Actualmente existen más de 2.000 Centros Especiales de Empleo en España que emplean a más de 70.000 trabajadores con discapacidad. «Son por tanto instrumentos imprescindibles para la creación de empleo en España y a su vez, para garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad», aseveró.

Sin embargo, alertó de que la labor desarrollada a la hora de promover la integración social de las personas con discapacidad se ve «lastrada» por diversos problemas, como la crisis económica que hizo que las subvenciones salariales se retrasaran e incluso se denegaran en ciertas comunidades autónomas.

En este punto, indicaron que, pese a la mejora de la situación económica, muchos Centros Especiales de Empleo, «continúan arrastrando deuda y teniendo problemas financieros». «Es cierto que existe una subvención para sanear financieramente a los Centros Especiales de Empleo, pero muchos encuentran dificultades para acceder a ella, y además, se concede exclusivamente por una sola vez, y no es de lejos suficiente para solventar los retrasos y suspensiones de financiación», aseveró. En opinión de Del Campo, esto está ocasionando una pérdida de garantías del trabajador con discapacidad en su estabilidad laboral en los Centros Especiales de Empleo.

REGISTRO OFICIAL

Según el texto, se «impulsará» el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en particular, de las relativas al mantenimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o su cumplimiento a través de las Medidas Alternativas o Sustitutorias.

El objetivo será además potenciar la formación de las personas con discapacidad, promoviendo ofertas de formación oficial desde las administraciones y los servicios públicos de empleo, así como promover la creación de clústeres innovadores o viveros de Centros Especiales de Empleo relacionados con actividades de alto valor añadido.

La proposición pretende fomentar el trabajo conjunto y colaborativo entre centros ocupacionales y Centros Especiales de Empleo para generar nuevas oportunidades en el sector.

Desde el PSOE, Rocío de Frutos defendió la necesidad de apelar a la Responsabilidad Social de las empresas y que «no sea tan fácil acceder a las medidas complementarias».

De Frutos apoyó la creación de un registro de las empresas que cumplen la cuota de reserva y las medidas alternativas.

Por parte del Partido Popular, Ignacio Tremiño se felicitó por el hecho de que en los últimos años se ha creado más empleo para personas con discapacidad que nunca. Así, reveló que desde el año 2012 el empleo en los Centros Especiales ha crecido un 17% y «nunca habían crecido en ese porcentaje» y esto «no es un mérito del Gobierno, es de las empresas y las asociaciones».

«Queda mucho por hacer», aseveró Tremiño, si bien apuntó que el PP cree y defiende este modelo empresarial porque ha demostrado ser «un modelo competitivo, que genera empleo» para personas con discapacidad.

Los trabajadores con discapacidad cobran de media un 11,2% menos que el resto

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– Las mujeres cobraron un 18,4% menos que los hombres

El salario neto de los trabajadores con discapacidad durante el ejercicio 2014 fue un 11,2% inferior al del resto de trabajadores, según datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el salario neto, una vez deducidas las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF, alcanzó los 1.208 euros para los trabajadores con discapacidad.

Los datos muestran también que si se analiza el salario medio bruto mensual, que excluye pagos extraordinarios, esta cifra se sitúa en 1.448 euros por trabajador con discapacidad, un 17% inferior a los empleados sin discapacidad.

El salario bruto anual medio de los asalariados con discapacidad fue de 19.023,1 euros por trabajador en 2014, un 0,6% inferior al del año anterior. Este salario fue un 17,1% menor que para las personas sin discapacidad (cuyo salario medio aumentó un 0,7%). Así, la ratio salarial entre los trabajadores con y sin discapacidad fue del 82,9% en 2014, frente al 83,9% de 2013.

VENTAJAS FISCALES

El INE explica que la reducción que se produce en las diferencias salariales entre los colectivos de personas con y sin discapacidad se debe, fundamentalmente, a las ventajas fiscales establecidas para las personas con discapacidad (reducciones sobre rendimientos netos del trabajo e incremento del mínimo personal y familiar, entre otros).

Por su parte, el salario por hora para las personas con discapacidad se situó en 12,3 euros en cómputo anual y en 9,6 euros en cómputo mensual. En sendos casos distó más del 17% respecto del salario hora de las personas sin discapacidad.

El informe del INE pone de manifiesto además que existen diferencias salariales significativas en función de las características del trabajador que no solo están determinadas por la discapacidad o no discapacidad, sino que dependen de otros factores (antigüedad, nivel de estudios, ocupación, entre otras) cuya combinación incide significativamente sobre el salario.

SEXO Y EDADES

Por sexo, el salario medio anual de las mujeres con discapacidad fue de 16.732,4 euros en 2014, mientras que para los hombres fue de 20.502,6 euros. Así, el salario de las mujeres fue, por tanto, un 18,4% inferior al de los varones, diferencia menor que en el caso de la población sin discapacidad (23,5%).

Sin embargo, se detectaron menos desigualdades salariales entre la población femenina con y sin discapacidad (el salario de las primeras fue un 15,5% menor que el de las segundas) que en el caso de los hombres (cuyo salario fue un 20,8% inferior en presencia de discapacidad).

Atendiendo al grupo de edad, los trabajadores con discapacidad obtuvieron un salario inferior al de los empleados sin discapacidad para todas las edades. La mayor diferencia se produjo en el grupo de 30 a 44 años, con una ratio del 75,1%.

Una de las variables que marcó las diferencias más significativas para el colectivo de personas con discapacidad en 2014 fue el nivel de estudios. Solo los trabajadores con discapacidad con nivel de estudios bajo (sin estudios y Primaria) sobrepasaron el salario de sus homólogos sin discapacidad, con una ratio salarial del 102,5%.

TIPO DE CONTRATO

Con respecto al tipo de jornada, se observan menos diferencias salariales entre personas con y sin discapacidad en los contratos a tiempo parcial, para los cuales la ratio salarial se situó en el 91,5%.

Por tipo de contrato, la ratio fue similar tanto para el contrato indefinido como para el de duración determinada (83,5% y 83,3%, respectivamente).

En 2014, en ningún grupo de ocupación las personas con discapacidad superaron el salario bruto de la población sin discapacidad. Además, las personas con discapacidad en puestos de ocupación medios (empleados, artesanos y trabajadores cualificados) y en puesto de ocupación bajos (operadores y trabajadores no cualificados)redujeron sus diferencias salariales respecto a las personas sin discapacidad en los mismos puestos.

Por el contrario, en puestos de ocupación altos (directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo) las personas con discapacidad aumentaron la brecha salarial respecto a 2013.

TIPO DE DISCAPACIDAD

El INE apunta que las mayores diferencias salariales se deben al tipo de discapacidad o su grado. Así, las ganancias más elevadas correspondieron en 2014 a personas con discapacidad sensorial, seguidas de personas con discapacidad física y otras, con salarios que superaron al salario medio de las personas con discapacidad en un 11,7% y un 5,5%, respectivamente.

En el extremo opuesto, los trabajadores con discapacidad intelectual percibieron los salarios más bajos (11.619,5 y 15.243,6 euros anuales, respectivamente), inferiores a la media anual del colectivo con discapacidad en un 38,9% y un 19,9%, respectivamente.

Estos grupos fueron los que presentaron, en términos netos, las mayores diferencias con el salario medio del colectivo sin discapacidad.

Más de un millón cien mil discapacitados están fuera del sistema productivo de nuestro país

SOLIDARIDAD DIGITAL – Según datos de Odismet Cristina Silván/Enrique Quifez / Madrid- 25/01/2017

El discurso de la relación con el empleo de las personas con discapacidad suele orbitar en torno a indicadores de uso frecuente tales como tasas de actividad, contrataciones, comparativas con la población general… Sin embargo, el volumen más significativo entre el colectivo lo conforman las personas con discapacidad en situación de inactividad laboral, dato que carece de un acercamiento detallado y exhaustivo.

Según los últimos datos de «El empleo de las personas con discapacidad», recopilados en Odismet, el 66% del colectivo se ubica en dicha situación, lo que significa que más de un millón cien mil personas se posicionan fuera del sistema productivo de nuestro país.

Las características sociodemográficas que definen al colectivo se resumen en hombres (57,2%), franja de edad entre 45 a 64 años (74,4%), residentes de grandes zonas urbanas (46%), con discapacidad principalmente física (37%) y con un grado de discapacidad entre el 65 y el 74%.

La reactivación de este segmento hacia el mercado laboral reportaría beneficios en dos dimensiones. Inicialmente, desde una perspectiva individual el empleo contribuye a la realización personal, la independencia y mejora de la autoestima. Desde un prisma social, supondría el incremento del nuestro tejido productivo.

Entre las situaciones de esa inactividad el porcentaje mayor recae entre las personas en situación de incapacidad (el 61%), seguido de quienes realizan labores del hogar (8%), estudiantes, jubilados y personas en «otras situación de inactividad».

Las explicaciones sobre la inactividad entre las personas con discapacidad se centran en «el riesgo de perder la pensión correspondiente» como obstáculo para la activación laboral. No obstante, es preciso indicar que hasta un 15% (más de 100.000 personas) en situación de incapacidad no recibe ningún tipo de prestación. Dicho porcentaje se eleva hasta el 19% si computamos al total de personas inactivas. Y, aún más, el 1% de los hogares con personas con discapacidad (más de 15.000) no reciben ningún ingreso.

En consecuencia, existe una parte de esa desmovilización no atribuible a la influencia de las pensiones, quizás influida por otros factores, tales como las condiciones laborales. En un escenario en el que la precarización del empleo es un hecho, resulta factible optar por no participar de los procesos productivos y de empleo. Así, es preciso apostar por nuevas estrategias encaminadas hacia la estabilidad y calidad laboral.

Por otro lado, también resulta necesario atender al propio colectivo. Entre las personas con discapacidad inactivas, encontramos un 8,2% de personas carentes de formación (frente al 1% de personas sin discapacidad en la misma situación). Obviamente, dicha circunstancia merma sus niveles de empleabilidad, por lo que se sugieren tareas de concienciación y motivación hacia la actividad laboral.

PSOE pide revisar cuota de reserva para personas con discapacidad en empresas

LA VANGUARDIA. Madrid, feb (EFE).- La diputada socialista Rocío de Frutos ha registrado hoy una proposición no de ley en el Congreso para impulsar la contratación de las personas con discapacidad, mediante el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo y las medidas alternativas.

La iniciativa socialista reclama al Gobierno que, en coordinación con las comunidades autónomas, en el marco del diálogo social y contando con el movimiento asociativo del sector de la discapacidad, impulse la revisión de los parámetros de la cuota de reserva para las personas con discapacidad, que actualmente es de un 2 por ciento y para las empresas con un mínimo de cincuenta trabajadores.

En el texto, el PSOE pide que se refuercen las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, y que se endurezcan las condiciones para poder acogerse a medidas alternativas, según una nota del grupo.

Además, señala, es necesario establecer mecanismos que fomenten de forma real y efectiva el acceso de este colectivo al mercado de trabajo, y que fomenten la sensibilización y el conocimiento de la ley por parte de los empresarios, con la participación de los representantes legales de los trabajadores.

La iniciativa socialista exige la recuperación de las líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad, a favor de las mujeres con discapacidad y aquellos casos con más baja empleabilidad.

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El PSOE también sugiere el impulso a la contratación de trabajadores con discapacidad o el desarrollo reglamentario de la Ley de Régimen Jurídico, para impedir a las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta materia contratar con la administración, así como diseñar fórmulas de excelencia empresarial para las empresas que realizan acciones en este ámbito que supongan un compromiso con las personas con discapacidad.

De Frutos ha recordado que tanto la Constitución como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recogen que las personas con discapacidad «tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible».

A pesar de ello, ha recordado, «sus circunstancias como colectivo con especiales dificultades para acceder al empleo, hacen necesaria la adopción de una serie de mecanismos que faciliten su incorporación al mercado de trabajo y que aseguren, a través de nuestra normativa, la promoción de su contratación en el sector público y privado». EFE

 

Las Asociaciones de discapacitados de la Comunidad, en riesgo por el impago de subvenciones

Por MDO
martes 27 de diciembre de 2016, 19:43h

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha denunciado en un comunicado que las asociaciones de la discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid no podrán pagar las nóminas del mes en curso por el impago de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

La Federación alerta de la situación de colapso que atraviesan la mayoría de entidades que la conforman. Aquellas que no han podido acudir aún a líneas de crédito o financiación externa, no podrán abonar las nóminas ni hacer frente a los costes del personal que desarrollan la mayoría de los programas sociales que llevan a cabo, dado que no han recibido los importes relativos a la Convocatoria de Subvenciones de Mantenimiento de Centros de Atención a Personas con Discapacidad.

Según FAMMA, esta situación supondrá que las entidades tengan que hacer frente a unas Navidades dramáticas en las que no estará claro el futuro de muchas de las entidades de la discapacidad física y orgánica, viéndose muchas de ellas abocadas a reestructuraciones de personal o incluso, en el peor de los casos, al cierre.

La deuda asciende a 1,5 millones

FAMMA incide en que el importe que la Consejería de Políticas Sociales y Familia adeuda a las entidades de la discapacidad en la región supera el millón y medio de euros, vitales para el adecuado desarrollo de los programas sociales que brindan una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad física y orgánica.

Por todo ello, la federación tilda de “lamentable” que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente de la Comunidad de Madrid, no haya arbitrado medidas para evitar el importante retraso en la convocatoria de este año y en la adjudicación y concesión de estas subvenciones, que aún no han sido percibidas por las entidades cuando faltan menos de 15 días para que termine el año.

La Consejería expone que esta situación está propiciada por un cambio en la regulación de las bases de la convocatoria de la subvención. Sin embargo, la Federación cree que esto es fruto de una estrategia para retrasar los pagos y debilitar el tejido asociativo, ya que hace más de año y medio que se sabía que las bases tenían que cambiar y ajustarse a los cambios a los que la ley obliga.

Por otro lado, la Federación considera inadmisible el modo de actuar de la Comunidad de Madrid, pues no se ha preocupado en absoluto por los efectos negativos que este retraso injustificado en el pago de las subvenciones acarrerará al tejido asociativo de la discapacidad física y orgánica.

Por último, FAMMA pide que se ingresen a la mayor brevedad posible las cuantías económicas adeudadas al tejido asociativo de la discapacidad física y orgánica, puesto que, de lo contrario, se verán afectados los programas sociales que llevan a cabo a favor del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica de la región.

El INE llevará a cabo cinco grandes operaciones estadísticas sobre discapacidad en 2017

El Instituto Nacional de Estadística (INE) llevará a cabo cinco grandes operaciones estadísticas sobre distintos aspectos de la realidad social de la discapacidad en España a lo largo del año 2017, según el plan estadístico nacional para ese ejercicio, aprobado por el Consejo de Ministros y cuyo real decreto regulador publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de diciembre.

La primera operación estadística prevista para este año 2017 es la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de dependencia, que sustituirá a la vigente de 2008, última que se realizó, y que ofrecerá la imagen más amplia, fiel y actual de las personas con discapacidad y en situación de dependencia en España.

En la esfera del empleo y la inclusión laboral, el INE prevé realizar dos relevantes operaciones estadísticas en 2017, una correspondiente al empleo de las personas con discapacidad, de carácter general, y otra referida específicamente al salario de las personas con discapacidad, con las que se dará continuidad a los trabajos estadístico desarrollados estos últimos años en estas materias. En estas dos operaciones, colaborarán el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, aportando su criterio experto.

En el ámbito tributario, el organismo estadístico español llevará a término la operación sobre estadística de los declarantes con discapacidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que aportará información valiosa sobre el impacto de la discapacidad en el principal impuesto del sistema fiscal español.

Finalmente, en la esfera de la protección social, se realizará en 2017 la estadística de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, que incluirá la estadística de beneficiarios de prestaciones socioeconómicas a personas con discapacidad.

Con el despliegue de todas estas operaciones, se avanza en el mandato del artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los estados parte, entre ellos España, a la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad, que les permita formular y aplicar políticas públicas en este dominio.

Un 54% de los discapacitados piden para 2017 un empleo estable, según Adecco

Un 54 % de las personas con discapacidad desean que 2017 sea el año que les traiga un empleo estable y acorde con sus competencias profesionales, según un estudio que ha hecho la empresa de recursos humanos Adecco.

EFE-RSC | Madrid Lunes 02.01.2017

Los resultados de la encuesta “¿Qué tres deseos le piden al año nuevo las personas con discapacidad?”, en la que Adecco ha entrevistado a 120 personas con discapacidad, arrojan que un 62 % de los entrevistados piensan que la discapacidad es un obstáculo a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Asimismo, un 78 % opina que es una concepción errónea que las empresas crean que este colectivo sólo pueden acceder a puestos de trabajo de poca responsabilidad.

Entre las virtudes que los encuestados consideran que tienen las personas con discapacidad a la hora de trabajar, están la responsabilidad, tal y como afirman un 60 %; la capacidad de trabajo en equipo (48%) y la motivación constante (41%).

Además, un 91% de los entrevistados cree que hay que eliminar del lenguaje términos peyorativos que aún se utilizan, como minusválido.

Un 89 % opina que los recortes de los últimos años han hecho peligrar sus derechos sociales y el 86 % que no se les escucha más allá del tejido asociativo.

Para un 86% de los encuestados las empresas no están lo suficiente concienciadas de las ventajas que tiene contratar a personas con discapacidad.

Asimismo, un 78% de los entrevistados en este estudio defiende que para fomentar el empleo de este colectivo se revisen las políticas educativas desde la infancia y un 77% que las empresas lleven a cabo más medidas de sensibilización.

También para favorecer su inclusión en el mercado laboral un 66 % propone publicar estudios para conocer la situación de las personas con discapacidad, un 62% incrementar los recursos para que se les ayude a buscar empleo y un 60% formación en habilidades sociales.

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, entre enero y noviembre de 2016 la contratación de personas con discapacidad aumentó un 3,7% con respecto a 2015, al pasar de 87.851 contratos a 91.127.

FAMMA denuncia la «continua política de recortes» en discapacidad

Por EUROPA PRESS / lainformacion.com MADRID| 02/01/2017 – 14:57

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid FAMMA-Cocemfe Madrid ha denunciado este lunes la «continua política de recortes» que, tal y como ha asegurado en un comunicado, la Consejería de Políticas Sociales y Familia aplica al colectivo de personas con discapacidad.

FAMMA-Cocemfe Madrid se ha pronunciado a este respecto ante las recientes manifestaciones desde la Comunidad de Madrid relativas a un supuesto aumento de 226.000 euros en las cuantías y subvenciones destinadas a la discapacidad en la región.

Así, ha pedido a la Consejería de Políticas Sociales y Familia que explique en qué concepto o en qué convocatoria se produjo ese supuesto aumento.

En este sentido, sostiene que las cuantías totales de las convocatorias de subvenciones de los años 2015 y 2016 de ‘Mantenimiento de Servicios y Desarrollo de Programas de Atención a Personas con Discapacidad’ han permanecido invariables en los últimos dos años, siendo la dotación presupuestaria asignada a las mismas de 1.592.000 euros.

Según recuerda FAMMA-Cocemfe Madrid, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 4 de agosto de 2016 se recoge, en relación a dicha convocatoria de 2016, que «la dotación de la subvención es de 1.592.000 euros».

Asimismo, añade que en el BOCM del 16 de marzo de 2015, se recoge, en relación a la misma convocatoria de 2015, que el crédito máximo destinado a la misma subvención es de 1.592.000 euros.

Por otro lado, destaca que en la última convocatoria, la de 2016, se produjo un desfase importante entre la cuantía total asignada a la convocatoria (los citados 1.592.000 euros) y la cuantía solicitada por las ONG, que ascendió a 1.880.309,91 euros, produciéndose un desfase de 288.309,91 euros del que no podrán disponer las ONG.

Una titulación universitaria duplica el empleo en personas con discapacidad

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15/02/2016 10:07
Madrid, 15 feb (EFE-RSC).- Tener una titulación universitaria multiplica por más de dos la tasa de empleo de las personas con discapacidad, según concluye el último estudio sobre Empleabilidad y Discapacidad que ha presentado la Fundación ONCE junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El estudio recoge las demandas formativas y competencias requeridas por el tejido empresarial y analiza los recursos que ofrecen las universidades para sus estudiante, según informaron en una nota de prensa las citadas organizaciones.

Lo primero que revela el estudio, según destacó el director del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (INIDIS), Juan Antonio Moriano, es el desajuste que existe entre las competencias que demandan las empresas y la formación que desarrollar los estudiantes.

Mientras que los universitarios con discapacidad se decantan por el área de Humanidades y Ciencias Sociales, las carreras con mayor salidas profesionales son las de Ingeniería, Informática, Arquitectura, Ciencias Empresariales y Económicas.
Por esta razón, Moriano subrayó que «las universidades deben mejorar la orientación sobre las titulaciones universitarias y aumentar la formación complementaria que ofrecen».

El estudio también apuesta por mejorar la comunicación entre empresas y universidades, por ello, mientras que a las empresas les pide más formación en materia de discapacidad; a las universidades, entrenar competencias transversales para el empleo.

Por último, el director de la Fundación Once, José Luis Martínez, señaló que el informe sirve como punto de partida para seguir en la mejora de la orientación, formación a empleadores y el impulso al emprendimiento, el cual «se encuentra en niveles muy bajos». EFE-RSC

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El 81% de las empresas no cumple la Ley de Discapacidad

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La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (Lismi), tenía como
uno de sus principales objetivos impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad. Y estableció para ello que las empresas, tanto públicas como privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores debían contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Una obligación que se facilitó posteriormente con la aprobación del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que recogió las llamadas medidas alternativas de cumplimiento.

Sin embargo, casi 34 años después, esta ley, convertida hoy en la actual Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (conocida como Ley General de Discapacidad, LGD), sigue teniendo un bajísimo nivel de cumplimiento: el 81% de las empresas españolas sigue sin cumplir los preceptos incluidos en la norma, según pone de manifiesto un estudio elaborado por la consultora Leialta, especializada en el asesoramiento en la tramitación para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

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Centro especial de empleo

La ley pone al servicio de las empresas una herramienta para conseguir empleo para este colectivo y ayudar a las empresas a cumplir con la obligación: el centro especial de empleo (CEE), que funciona como una empresa en sí misma y que se ocupa del reclutamiento y selección de las personas con discapacidad para su incorporación al mundo laboral. Su constitución debe estar avalada por las comunidades autónomas y contar con un 70% de empleados con una discapacidad igual o superior al 33%.
Observamos entre nuestros clientes y las visitas comerciales que hacíamos que había mucho desconocimiento en torno a la Lismi y en qué consistía su cumplimiento. Hasta tal punto que nos decidimos a lanzar una encuesta y descubrimos que alrededor del 81% de las empresas en España, principalmente pymes, no la están cumpliendo”, explica Javier Martínez, socio de Leialta.

El siguiente paso de la consultora fue averiguar las razones de ese incumplimiento. La principal era el desconocimiento. Y entre las empresas que sí que lo conocían se daban principalmente cuatro tipo de razones para no cumplir. La primera es la falta de datos especializados de personas con discapacidad. “No sabían dónde encontrar a esas personas con discapacidad en el mercado, para poder evaluarlas, seleccionarlas y contratarlas”, explica Martínez. Una segunda razón es la incompatibilidad con el puesto de trabajo, “algo que en muchas ocasiones la tecnología puede solucionar, por ejemplo con el teletrabajo para las personas con movilidad muy reducida”, apunta Martínez.

Otra causa eran los costes y la falta del conocimiento necesario para adaptar e integrar a esa persona en el puesto de trabajo. “Un trabajador social o un psicólogo pueden ayudar a la empresa a tomar aquellas medidas necesarias para eliminar los obstáculos que va a tener esa persona para integrarse en su puesto de trabajo. Es un coste superior, pero si contratas a una persona con discapacidad también tienes un ahorro”, argumenta el socio de Leialta.

“Por último, había un punto más polémico, con el cual nosotros no estamos de acuerdo, y es que las personas con discapacidad tienen un mayor absentismo. El hecho de tener una discapacidad no hace que vaya a faltar más a su puesto de trabajo”, enfatiza Martínez. El estudio también pone de relieve los beneficios que la ley prevé para las empresas que cumplan la norma y que, por tanto, están dejando de aprovechar la mayoría del tejido empresarial. Estos beneficios pueden alcanzar el 75% de los gastos laborales por cada empleado.

El estudio de Leialta destaca en especial el beneficio social que supone la integración laboral de las personas con discapacidad. Según los últimos datos disponibles, la tasa de paro de las personas con discapacidad supone el 32% del total, ocho puntos superior a la tasa de desempleo general. Además, el 60% están dentro del colectivo de desempleados de larga duración.