Las Asociaciones de discapacitados de la Comunidad, en riesgo por el impago de subvenciones

Por MDO
martes 27 de diciembre de 2016, 19:43h

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha denunciado en un comunicado que las asociaciones de la discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid no podrán pagar las nóminas del mes en curso por el impago de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

La Federación alerta de la situación de colapso que atraviesan la mayoría de entidades que la conforman. Aquellas que no han podido acudir aún a líneas de crédito o financiación externa, no podrán abonar las nóminas ni hacer frente a los costes del personal que desarrollan la mayoría de los programas sociales que llevan a cabo, dado que no han recibido los importes relativos a la Convocatoria de Subvenciones de Mantenimiento de Centros de Atención a Personas con Discapacidad.

Según FAMMA, esta situación supondrá que las entidades tengan que hacer frente a unas Navidades dramáticas en las que no estará claro el futuro de muchas de las entidades de la discapacidad física y orgánica, viéndose muchas de ellas abocadas a reestructuraciones de personal o incluso, en el peor de los casos, al cierre.

La deuda asciende a 1,5 millones

FAMMA incide en que el importe que la Consejería de Políticas Sociales y Familia adeuda a las entidades de la discapacidad en la región supera el millón y medio de euros, vitales para el adecuado desarrollo de los programas sociales que brindan una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad física y orgánica.

Por todo ello, la federación tilda de “lamentable” que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente de la Comunidad de Madrid, no haya arbitrado medidas para evitar el importante retraso en la convocatoria de este año y en la adjudicación y concesión de estas subvenciones, que aún no han sido percibidas por las entidades cuando faltan menos de 15 días para que termine el año.

La Consejería expone que esta situación está propiciada por un cambio en la regulación de las bases de la convocatoria de la subvención. Sin embargo, la Federación cree que esto es fruto de una estrategia para retrasar los pagos y debilitar el tejido asociativo, ya que hace más de año y medio que se sabía que las bases tenían que cambiar y ajustarse a los cambios a los que la ley obliga.

Por otro lado, la Federación considera inadmisible el modo de actuar de la Comunidad de Madrid, pues no se ha preocupado en absoluto por los efectos negativos que este retraso injustificado en el pago de las subvenciones acarrerará al tejido asociativo de la discapacidad física y orgánica.

Por último, FAMMA pide que se ingresen a la mayor brevedad posible las cuantías económicas adeudadas al tejido asociativo de la discapacidad física y orgánica, puesto que, de lo contrario, se verán afectados los programas sociales que llevan a cabo a favor del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica de la región.

El INE llevará a cabo cinco grandes operaciones estadísticas sobre discapacidad en 2017

El Instituto Nacional de Estadística (INE) llevará a cabo cinco grandes operaciones estadísticas sobre distintos aspectos de la realidad social de la discapacidad en España a lo largo del año 2017, según el plan estadístico nacional para ese ejercicio, aprobado por el Consejo de Ministros y cuyo real decreto regulador publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de diciembre.

La primera operación estadística prevista para este año 2017 es la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de dependencia, que sustituirá a la vigente de 2008, última que se realizó, y que ofrecerá la imagen más amplia, fiel y actual de las personas con discapacidad y en situación de dependencia en España.

En la esfera del empleo y la inclusión laboral, el INE prevé realizar dos relevantes operaciones estadísticas en 2017, una correspondiente al empleo de las personas con discapacidad, de carácter general, y otra referida específicamente al salario de las personas con discapacidad, con las que se dará continuidad a los trabajos estadístico desarrollados estos últimos años en estas materias. En estas dos operaciones, colaborarán el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, aportando su criterio experto.

En el ámbito tributario, el organismo estadístico español llevará a término la operación sobre estadística de los declarantes con discapacidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que aportará información valiosa sobre el impacto de la discapacidad en el principal impuesto del sistema fiscal español.

Finalmente, en la esfera de la protección social, se realizará en 2017 la estadística de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, que incluirá la estadística de beneficiarios de prestaciones socioeconómicas a personas con discapacidad.

Con el despliegue de todas estas operaciones, se avanza en el mandato del artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los estados parte, entre ellos España, a la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad, que les permita formular y aplicar políticas públicas en este dominio.

Un 54% de los discapacitados piden para 2017 un empleo estable, según Adecco

Un 54 % de las personas con discapacidad desean que 2017 sea el año que les traiga un empleo estable y acorde con sus competencias profesionales, según un estudio que ha hecho la empresa de recursos humanos Adecco.

EFE-RSC | Madrid Lunes 02.01.2017

Los resultados de la encuesta “¿Qué tres deseos le piden al año nuevo las personas con discapacidad?”, en la que Adecco ha entrevistado a 120 personas con discapacidad, arrojan que un 62 % de los entrevistados piensan que la discapacidad es un obstáculo a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Asimismo, un 78 % opina que es una concepción errónea que las empresas crean que este colectivo sólo pueden acceder a puestos de trabajo de poca responsabilidad.

Entre las virtudes que los encuestados consideran que tienen las personas con discapacidad a la hora de trabajar, están la responsabilidad, tal y como afirman un 60 %; la capacidad de trabajo en equipo (48%) y la motivación constante (41%).

Además, un 91% de los entrevistados cree que hay que eliminar del lenguaje términos peyorativos que aún se utilizan, como minusválido.

Un 89 % opina que los recortes de los últimos años han hecho peligrar sus derechos sociales y el 86 % que no se les escucha más allá del tejido asociativo.

Para un 86% de los encuestados las empresas no están lo suficiente concienciadas de las ventajas que tiene contratar a personas con discapacidad.

Asimismo, un 78% de los entrevistados en este estudio defiende que para fomentar el empleo de este colectivo se revisen las políticas educativas desde la infancia y un 77% que las empresas lleven a cabo más medidas de sensibilización.

También para favorecer su inclusión en el mercado laboral un 66 % propone publicar estudios para conocer la situación de las personas con discapacidad, un 62% incrementar los recursos para que se les ayude a buscar empleo y un 60% formación en habilidades sociales.

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, entre enero y noviembre de 2016 la contratación de personas con discapacidad aumentó un 3,7% con respecto a 2015, al pasar de 87.851 contratos a 91.127.

FAMMA denuncia la «continua política de recortes» en discapacidad

Por EUROPA PRESS / lainformacion.com MADRID| 02/01/2017 – 14:57

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid FAMMA-Cocemfe Madrid ha denunciado este lunes la «continua política de recortes» que, tal y como ha asegurado en un comunicado, la Consejería de Políticas Sociales y Familia aplica al colectivo de personas con discapacidad.

FAMMA-Cocemfe Madrid se ha pronunciado a este respecto ante las recientes manifestaciones desde la Comunidad de Madrid relativas a un supuesto aumento de 226.000 euros en las cuantías y subvenciones destinadas a la discapacidad en la región.

Así, ha pedido a la Consejería de Políticas Sociales y Familia que explique en qué concepto o en qué convocatoria se produjo ese supuesto aumento.

En este sentido, sostiene que las cuantías totales de las convocatorias de subvenciones de los años 2015 y 2016 de ‘Mantenimiento de Servicios y Desarrollo de Programas de Atención a Personas con Discapacidad’ han permanecido invariables en los últimos dos años, siendo la dotación presupuestaria asignada a las mismas de 1.592.000 euros.

Según recuerda FAMMA-Cocemfe Madrid, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 4 de agosto de 2016 se recoge, en relación a dicha convocatoria de 2016, que «la dotación de la subvención es de 1.592.000 euros».

Asimismo, añade que en el BOCM del 16 de marzo de 2015, se recoge, en relación a la misma convocatoria de 2015, que el crédito máximo destinado a la misma subvención es de 1.592.000 euros.

Por otro lado, destaca que en la última convocatoria, la de 2016, se produjo un desfase importante entre la cuantía total asignada a la convocatoria (los citados 1.592.000 euros) y la cuantía solicitada por las ONG, que ascendió a 1.880.309,91 euros, produciéndose un desfase de 288.309,91 euros del que no podrán disponer las ONG.

Una titulación universitaria duplica el empleo en personas con discapacidad

LaVanguardia-logo-1000x288

 

 

15/02/2016 10:07
Madrid, 15 feb (EFE-RSC).- Tener una titulación universitaria multiplica por más de dos la tasa de empleo de las personas con discapacidad, según concluye el último estudio sobre Empleabilidad y Discapacidad que ha presentado la Fundación ONCE junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El estudio recoge las demandas formativas y competencias requeridas por el tejido empresarial y analiza los recursos que ofrecen las universidades para sus estudiante, según informaron en una nota de prensa las citadas organizaciones.

Lo primero que revela el estudio, según destacó el director del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (INIDIS), Juan Antonio Moriano, es el desajuste que existe entre las competencias que demandan las empresas y la formación que desarrollar los estudiantes.

Mientras que los universitarios con discapacidad se decantan por el área de Humanidades y Ciencias Sociales, las carreras con mayor salidas profesionales son las de Ingeniería, Informática, Arquitectura, Ciencias Empresariales y Económicas.
Por esta razón, Moriano subrayó que «las universidades deben mejorar la orientación sobre las titulaciones universitarias y aumentar la formación complementaria que ofrecen».

El estudio también apuesta por mejorar la comunicación entre empresas y universidades, por ello, mientras que a las empresas les pide más formación en materia de discapacidad; a las universidades, entrenar competencias transversales para el empleo.

Por último, el director de la Fundación Once, José Luis Martínez, señaló que el informe sirve como punto de partida para seguir en la mejora de la orientación, formación a empleadores y el impulso al emprendimiento, el cual «se encuentra en niveles muy bajos». EFE-RSC

[zozo_blockquote footer_text=»» position=»left» animation_type=»none» animation_delay=»500″]Pellentesque elit arcu, finibus ut rutrum vel, dapibus eget nisi. Suspendisse at venenatis arcu, et accumsan ante.[/zozo_blockquote]

 

El 81% de las empresas no cumple la Ley de Discapacidad

Logo-Cinco-Dias

 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (Lismi), tenía como
uno de sus principales objetivos impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad. Y estableció para ello que las empresas, tanto públicas como privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores debían contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Una obligación que se facilitó posteriormente con la aprobación del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que recogió las llamadas medidas alternativas de cumplimiento.

Sin embargo, casi 34 años después, esta ley, convertida hoy en la actual Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (conocida como Ley General de Discapacidad, LGD), sigue teniendo un bajísimo nivel de cumplimiento: el 81% de las empresas españolas sigue sin cumplir los preceptos incluidos en la norma, según pone de manifiesto un estudio elaborado por la consultora Leialta, especializada en el asesoramiento en la tramitación para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

ACEEM-19022016-2

Centro especial de empleo

La ley pone al servicio de las empresas una herramienta para conseguir empleo para este colectivo y ayudar a las empresas a cumplir con la obligación: el centro especial de empleo (CEE), que funciona como una empresa en sí misma y que se ocupa del reclutamiento y selección de las personas con discapacidad para su incorporación al mundo laboral. Su constitución debe estar avalada por las comunidades autónomas y contar con un 70% de empleados con una discapacidad igual o superior al 33%.
Observamos entre nuestros clientes y las visitas comerciales que hacíamos que había mucho desconocimiento en torno a la Lismi y en qué consistía su cumplimiento. Hasta tal punto que nos decidimos a lanzar una encuesta y descubrimos que alrededor del 81% de las empresas en España, principalmente pymes, no la están cumpliendo”, explica Javier Martínez, socio de Leialta.

El siguiente paso de la consultora fue averiguar las razones de ese incumplimiento. La principal era el desconocimiento. Y entre las empresas que sí que lo conocían se daban principalmente cuatro tipo de razones para no cumplir. La primera es la falta de datos especializados de personas con discapacidad. “No sabían dónde encontrar a esas personas con discapacidad en el mercado, para poder evaluarlas, seleccionarlas y contratarlas”, explica Martínez. Una segunda razón es la incompatibilidad con el puesto de trabajo, “algo que en muchas ocasiones la tecnología puede solucionar, por ejemplo con el teletrabajo para las personas con movilidad muy reducida”, apunta Martínez.

Otra causa eran los costes y la falta del conocimiento necesario para adaptar e integrar a esa persona en el puesto de trabajo. “Un trabajador social o un psicólogo pueden ayudar a la empresa a tomar aquellas medidas necesarias para eliminar los obstáculos que va a tener esa persona para integrarse en su puesto de trabajo. Es un coste superior, pero si contratas a una persona con discapacidad también tienes un ahorro”, argumenta el socio de Leialta.

“Por último, había un punto más polémico, con el cual nosotros no estamos de acuerdo, y es que las personas con discapacidad tienen un mayor absentismo. El hecho de tener una discapacidad no hace que vaya a faltar más a su puesto de trabajo”, enfatiza Martínez. El estudio también pone de relieve los beneficios que la ley prevé para las empresas que cumplan la norma y que, por tanto, están dejando de aprovechar la mayoría del tejido empresarial. Estos beneficios pueden alcanzar el 75% de los gastos laborales por cada empleado.

El estudio de Leialta destaca en especial el beneficio social que supone la integración laboral de las personas con discapacidad. Según los últimos datos disponibles, la tasa de paro de las personas con discapacidad supone el 32% del total, ocho puntos superior a la tasa de desempleo general. Además, el 60% están dentro del colectivo de desempleados de larga duración.